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Los derechos humanos constituyen
y representan una manifestación socio-jurídico-política que se caracteriza fundamentalmente
por centrar al sujeto en cuanto a tal en los diversos contextos y
circunstancialidades en los cuales este se halla inmerso, a partir de un cúmulo
de prerrogativas, máximas, guías y preceptos normativos en virtud de los cuales
este puede alcanzar, progresiva y sistemáticamente, el desarrollo pleno de su
personalidad, en función de la conjunción de sus intereses personales y del
bien común inherente a la convivencia cívica; motivo por el cual, es menester
se afiance un orden normativo-institucional que garantice y permita la
observancia y la efectividad jurídicas de tales postulados y directrices.
Siendo
esto así, un régimen político democrático requiere de un entrecruzamiento o una
concatenación de los principios constitutivos del liberalismo y del comunitarismo,
de acuerdo con lo expuesto por el sociólogo Alain Touraine, en tanto que
resulta crucial el dinamismo, la dialéctica y el dialogismo entre los diversos
sectores de la esfera público-estatal, la esfera social y la esfera privada.
La
democracia dialógica o reflexiva –en tanto modelo de democracia que se
construye a partir de los postulados teóricos de Habermas, Giddens y Ulrich
Beck- se define sobre la base de la sinergia que se suscita entre los actores,
grupos y sectores sociales constitutivos del Estado, la sociedad civil y la
sociedad política (los partidos políticos), partiendo de la argumentación y la
deliberación de un conjunto de propuestas coherente, consistente y lógicamente
estructurado, que se cimenta en el pluralismo y el respeto a la otredad, cuya
orientación estriba en promover un amplio consenso sobre la dirección de los
asuntos públicos (de la polis) y, por
consiguiente, la mitigación de los diversos conflictos realmente existentes e
ineludibles que se (re)producen desde lo político.
Ahora
bien, los derechos humanos pueden ser garantizados, en mayor medida, si y solo
si se ponen de relieve determinadas capacidades estatales que adecúen,
instrumenten y articulen el probo funcionamiento del entramado institucional,
en el marco societal, en aras no solo de materializar la estabilidad y el orden
colectivo, sino también la solidificación de los mecanismos tendientes al
control del ejercicio del poder en el tejido social de relaciones que
configuran y moldean a la realidad, entendida esta como una multiplicidad de
miradas y discursos de y desde lo cotidiano.
Con
respecto al panorama sociopolítico venezolano, ha tendido a prevalecer durante
los gobiernos de Chávez y Maduro una desmedida y zafia gubernamentalización del Estado, en la cual las instituciones
subsumidas a éste quedan supeditadas a los designios, intereses y caprichos de
quienes ejercen el gobierno: sobre todo, la figura del presidente personal.
Es
decir, el gobierno –que no es el Estado, sino representante de él- se erige
ante los actores no estatales valiéndose de los recursos estatales propiamente
dichos; contrariando así, uno de los rasgos característicos de un orden
democrático: un Estado de derecho constitucionalmente soportado, en el que las
autoridades responden a las premisas jurídico-políticas de corte garantista que
priorizan los pesos y contrapesos, la rendición de cuentas, la contraloría y la
transparencia.
Por
otra parte, el estado de los derechos humanos en la sociedad venezolana se ha
debilitado sobremanera como consecuencia del agravamiento de las condiciones
materiales de vida; hemos visto cómo la depauperación en lo socioeconómico ha
incidido en el enervamiento del código moral colectivo. Por lo tanto, la
inoperancia y el disfuncionamiento del sistema de administración de justicia
del Estado venezolano seguirá incidiendo en el robustecimiento de la anomia en
nuestras dinámicas políticas y sociales: ¡la norma es que las normas no se
cumplen! Muchos se preguntan: ¿para qué?
El
Estado no sanciona debidamente las transgresiones del corpus normativo, que es
imprescindible para la convivencia entre sujetos con una diversidad de
cosmovisiones, intereses, ideas, valores y expectativas discrepantes entre sí.
Otro problema: desde el Estado gubernamentalizado, en la Venezuela actual, se
transgrede cualquier tipo de mandatos o garantías constitucionales.
Así,
los esquemas cognitivos e institucionales modernos se han visto desplazados por
representaciones colectivas pre-modernas en cuanto a las formas de “hacer justicia”, generando consigo el
debilitamiento del pacto social; poniéndose
patente así un estado de naturaleza hobessiano del “todos contra todos” –valga la hipérbole-. Como el Estado no
responde en relación con las funciones relativas a la administración de
justicia, entonces los individuos proceden a “hacer justicia” por sus propias manos, recurriendo usualmente a
prácticas como los linchamientos.
Actualmente
son preocupantes las actitudes laudatorias en torno a este tipo de conductas
cruentas que resaltan la barbarie por encima de la civilidad. Y más aún, debe
destacarse que tales prácticas se contraponen a la esencia de la democracia, la
cual gira en torno a la garantía de los derechos humanos, su ampliación y su robustecimiento (consúltese a Norberto Bobbio, a
Luigi Ferrajoli, a Robert Dahl, etc).
El
deterioro y el resquebrajamiento de la capacidad del Estado para el
cumplimiento de sus funciones definidas típico-idealmente -en un sentido
weberiano- han cuestionado su ratio
en la sociedad venezolana actual, llegándose a plantear politológicamente la
manifestación de diversos rasgos característicos que ponen de manifiesto la
prevalencia de un Estado fallido, en
tanto y en cuanto se ha desmonopolizado la coacción y la violencia física (por
parte de esta institución).
Es
por ello que algunas actitudes e instituciones pre-modernas están
posicionándose y aceptándose socialmente en nuestra cotidianidad, mientras
siguen afianzándose en nuestras prácticas e interacciones sociales diversas
tendencias anómicas -en el sentido sociológico durkheimiano-; tales prácticas caminan
a la par con la consolidación de los procesos sociales de precarización y
pauperización de los diversos grupos y sectores de la población.
¿Civilización
o barbarie? ¡Basta de elogiar a la barbarie! No obstante, desde los órganos del
poder público se han mostrado indiferentes ante tal tendencia. ¿Artífices y/o
cómplices de la barbarie?
Saque
usted sus conclusiones, estimado lector.
Artículo publicado en el portal web de Arenga Digital el 05-02-2017: http://arengadigital.com/derechos-humanos-en-la-venezuela-actual/
(*) Rohmer Samuel Rivera Moreno es politólogo “magna cum laude” egresado de la Universidad de Los Andes
(Venezuela). Coordinador de la línea sobre semiótica
y discurso político en el Laboratorio de Investigaciones Semióticas y
Literarias (LISYL) de la mencionada Universidad.
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